Reviso el Documento Base para la
Elaboración de los Programas Nacionales de Desarrollo Urbano y Vivienda
2013-2018
Por principio, plantearía que el
año 2013 no quedará incorporado pues está avanzado ya el noveno mes del año y
aún cuando se publicara el plan, no habrá tiempo para instrumentar algo de
manera inmediata. Hacer planes hasta el año 2018 sigue siendo cortoplacista; lo
que hace falta también es una proyección a un horizonte temporal mayor. No se
supera una formalidad presidencialista en un sistema que ha mostrado ser
inviable.
Al documento base, a pesar de
discursos oficiales, de moda, internacionales, no lo atraviesan cuestiones
fundamentales como una visión de género, de derechos humanos, de
sustentabilidad integral, por mencionar algunas carencias.
Podemos confiar en que la
creación de la SEDATU y el anuncio de que ésta integrará las políticas de
ordenamiento territorial, desarrollo urbano y regional, infraestructura y
equipamiento urbano, vivienda y suelo lograrán modificar los patrones de
ocupación del suelo, migración, organización social y económica en áreas de
megalópolis, metrópolis, urbanas y de asentamientos humanos? Modificarán los
factores de especulación inmobiliaria? Impulsarán una nueva economía urbana? Apreciaremos
un urbanismo y vivienda popular, masiva realmente sustentable? Se diseña un
modelo propio acorde a nuestra diversidad étnica, cultural, y de clases
sociales?
La mayor parte del marco legal y
normativo al que habría de apegarse este plan, es obsoleto y en ocasiones
contradictorio o no está clara su estructura jerárquica, por lo cual hacer
coincidir políticas de ordenamiento territorial con las de medio ambiente,
participación social, de propiedad del suelo, fiscales, económicas, por
ejemplo, es un galimatías. En la práctica, ninguna dependencia de cualquier
orden de gobierno asume sus responsabilidades cuando surgen diferencias o
conflictos.
Hay muchos temas reiterativos a
planes y lineamientos, pero no se despejan ni las dudas ni los caminos: por
ejemplo la utilización de reservas territoriales (mal llamadas “reservas” ya
que en todo caso es la identificación de espacios “aptos” para el desarrollo
urbano), normas de infraestructura y equipamiento no actualizadas a realidades
sociales y tecnológicas actuales, no se tocan temas de la administración o la
economía urbana, etc.
El documento, aunque cargado de
intenciones para modificar una inercia de la estructura urbana actual del país,
no puede calificarse de innovadora ni apunta las estrategias y mecanismos
operativos necesarios para que los mexicanos demos a nuestro espacio de
biósfera una mejor utilización y un mejor cuidado de ella misma.
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